LA MANIGUA DEL EMBUSTE
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Por Daniel Samper Pizano

La política favorable a la aspersión de cocales colombianos con glifosato, caballito de batalla antiecológica de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, se basa en un estudio deleznable y poco científico. Pagado por Washington, el trabajo se realizó en 2001 en una zona de Nariño y concluyó que no existe prueba de que el tóxico haya provocado problemas de salud en la región. Otras investigaciones más rigurosas demuestran lo contrario. El documento carece del aval de especialistas y el propio autor acepta que ofrece limitaciones. Sin embargo, sigue empleándose como baza en pro del riego y fue pieza clave —y fatal— en el pleito con Ecuador, país que demandó a Colombia por envenenar la frontera y cobró una fuerte indemnización.

El gobierno de Iván Duque se prepara para abrir la regadera tóxica en la selva, y uno de sus apoyos es este cuestionado estudio. Así lo denuncia una investigación publicada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con la firma de Andrés Bermúdez Liévano y María Teresa Ronderos (Puede leer el texto completo mediante este enlace).

No obstante sus fallas, el trabajo sirvió para promover la carrera de su autor, el toxicólogo Camilo Uribe Granja, hasta conducirlo a importantes cargos. Fue director del Invima (agencia de control de medicamentos) y delegado durante varios períodos ante la JIFE, en Viena, órgano independiente que ayuda a la ONU a vigilar los tratados de control de drogas. Según el CLIP, mientras le llegaban los nombramientos, Uribe Granja violaba el Código Penal. En 2001 compró un inmueble para el Invima con descarado sobreprecio, lo que le valió una sentencia adversa de la Contraloría por 2.580 millones de pesos. La Justicia confirmó la sanción y le impuso además 82 meses de cárcel. En 2001 realizó un negocio privado en el que, dijo un juez, suplantó de manera fraudulenta a un socio. Por esta causa, en 2010 lo condenaron a 54 meses entre rejas y en 2011, a inhabilitación para cargos públicos. Uribe está preso y su nombre se recuerda poco, pero el desacreditado estudio sigue siendo argumento principal para someter nuestras selvas a un nuevo baño de glifosato.

En sus conclusiones, el informe del CLIP señala: “La cronología muestra que el gobierno de Álvaro Uribe nominó —al menos para su reelección— a una persona que ya había sido acusada por la Fiscalía y que estaba ad portas de ser condenado penalmente por fraude. Esto podría reflejar posibles negligencias en la debida diligencia o motivaciones políticas”.

La historia del Apóstol del glifosato es apenas un árbol de la frondosa manigua criolla de mentiras, falsas verdades, imprecisiones, omisiones y engaños por la que transitamos y tropezamos los colombianos. Muy cerca al yarumo de los estudios chimbos crece la ceiba de los requisitos acomodados y un poco más allá se columbra la esbelta palma de la copialina.

Pero el gran matorral del bosque es la hojarasca de currículos. Mark Twain decía en 1885 que hay tres clases de mentiras: embustes, mentiras podridas y estadísticas. Hoy cabe agregar una categoría superior a las demás: las hojas de vida. Por antonomasia, el curriculum vitae contiene exageraciones, omite asuntos adversos y destaca lo poco que es verdad. Hablamos de una especialidad nacional. En 2019 una pesquisa de la firma DNA Human Capital reveló que el 82 por ciento de los colombianos engañan en sus hojas de vida, más que otros latinoamericanos. Una biografía típica de ejecutivo nacional dirá que “obtuvo diploma de MIT” o “pasó por la Universidad de Harvard”, sin aclarar que el diploma de MIT certifica su asistencia a una conferencia gratuita y el paso por Harvard fue solo para almorzar en la cafetería. En este arte, ninguna cuña mejor que la del Negro Fontanarrosa en la solapa de sus libros: “Colabora con The New York Times, Le Monde, The Economist y El País, comprándolos”.

Nuestro servicio exterior está repleto de puestos ocupados por gente sin calificaciones. En otros campos, muchos funcionarios mintieron en sus currículos y, al ser descubiertos, tuvieron que refaccionarlos. Ejemplos egregios o dudosos: los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, el director de Planeación Luis Alberto Rodríguez, la exdirectora de la Agencia de Desarrollo Rural Claudia Ortiz y los parlamentarios Julián Bedoya y Ernesto Macías. Casi nada. Y aunque se mira con benevolencia estas pequeñas falsedades, es hora de que los gobiernos aprieten tuercas: el que cita en la hoja de vida un título chueco es capaz de posesionarse burlando los requisitos de ley.

Uf, los requisitos de ley… Si hay una manigua aún más poblada que la de las mentiras interesadas, es la de las normas legales que pretenden sancionarlas pero solo lo logran en poquísimos casos. No aburriré a los lectores citando artículos y parágrafos. Pero cuando quieran indignarse busquen, por ejemplo, el Código Penal, la ley 190 de 1995, la 734 de 2002, el decreto 1083 de 2015 o la sentencia C-672101 de la Corte Constitucional, y averigüen cuán poco se aplican.

¿Nadie examina las calidades de los candidatos a cargos oficiales? ¿No hay, como en otros países, una oficina encargada de verificar el pasado de los aspirantes y comprobar sus títulos, premios, trabajos y pozos polémicos, como los plagios de los que se acusa a Tito José Crissien, nuevo ministro de Ciencia y Tecnología? Lo deplorable es que hay más tramposos encargados de disfrazar sus mentiras que sabuesos dedicados a descubrirlas. De haber existido este filtro quizás el Apóstol del glifosato no habría llegado tan lejos.

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