TESTIGOS Y DELINCUENTES
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Si Monsalve no llega vivo a un eventual juicio a Álvaro Uribe su declaración se convertiría en una mera “prueba de referencia”.

Por Daniel Coronell

Félix de Bedout escribió este fin de semana un trino rotundo: “Un delincuente se comporta como un delincuente en una cárcel corrupta, delincuente al que fueron a buscar a esa cárcel para que delinquiera otra vez cambiando su testimonio”. Juan Guillermo Monsalve, probado delincuente condenado a 40 años de prisión por secuestro y otros crímenes, se ha vuelto el blanco principal del uribismo y de sus medios porque –en contra de lo que muchos esperaban– no les está resultando tan fácil el plan de precluirle rápidamente el proceso al expresidente Álvaro Uribe en una operación coordinada entre su defensa, la Fiscalía de Barbosa y la Procuraduría de Cabello.

Las pruebas que quieren invalidar muestran de manera inequívoca que Diego Cadena, enviado a La Picota por Álvaro Uribe, presionó a Monsalve para retractarse en la víspera del vencimiento de un recurso de Uribe en la Corte Suprema de Justicia: “Lo que yo digo es… redactemos el hijueputa documento si no yo vengo mañana. Mañana, a primera hora presento el recurso. Eso es importante. La más importante de todas las declaraciones que hizo falta. Llevo cuatro…Las tengo ahí afuera en la camioneta”.

También hay pruebas indiscutibles de que el entonces senador Uribe autorizó a su emisario Cadena para ofrecerle un favor jurídico gratuito a Monsalve, testigo en su contra. La clarísima instrucción “Proceda, doctor Diego” está a la vista de todos.

A estos hechos se suman los pagos en efectivo realizados por Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez y otros testigos que entregaron declaraciones favorables al expresidente.

Ahora la Fiscalía, entregada a la causa de la absolución del hombre más poderoso de Colombia, no quiere saber si Uribe delinquió o no. No lo citó siquiera a declarar. Solo trata de cambiar el foco de la investigación y en un asombroso malabar demostrar algo que no necesita pruebas: que Monsalve es un delincuente y que se sigue portando como tal.

Nada de eso borra la gravedad de su testimonio, ni las pruebas que pesan contra Uribe.

Desde 2011, hace diez años, Juan Guillermo Monsalve ha declarado invariablemente que el expresidente Álvaro Uribe es uno de los fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Después de ese testimonio ha sufrido dos atentados contra su vida. Por esa razón, y no porque buscara darle comodidades, la Corte Suprema envió en abril de 2018 una carta a la Fiscalía en estos términos:

“Juan Guillermo Monsalve Pineda se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre en 2011, como testigo de excepción de algunos de los hechos delictivos que le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbita y otro en la cárcel Modelo”.

Lo apuñalaron en Cómbita y los lentes de las cámaras de seguridad fueron cubiertos con mantequilla para que no quedara huella. Escapó de la muerte y cuando lo trasladaron a Bogotá, encontraron un raticida que no se comercializa en Colombia cerca de su celda.

Por eso Monsalve fue ubicado en una casa fiscal con cocina en la cárcel Picota. Así podía preparar su comida y reducir el riesgo.

La razón para protegerlo no es solo humanitaria. Su supervivencia es prioritaria para hacer justicia. Si Monsalve no llega vivo a un eventual juicio a Álvaro Uribe, su declaración se convertiría en una mera “prueba de referencia”. La ley colombiana establece que ninguna sentencia condenatoria puede fundamentarse en pruebas de referencia donde el testigo no haya sido contrainterrogado en juicio.

Evidentemente Monsalve ha abusado de su sitio de reclusión y es posible que esté incurso en actividades de minería ilegal. La justicia debe investigar en un proceso separado y tomar las acciones correspondientes.

Lo que no puede permitir es que se convierta en un blanco fácil, como lo han sido otros testigos y delincuentes.

Francisco Villalba, sicario y paramilitar que habló de la supuesta participación de Uribe en la masacre de El Aro y después se retractó en una carta realmente escrita por otro preso y cuya autoría alcanzó a negar, fue acribillado poco después de salir de la cárcel. Le habían concedido la libertad 23 días antes por “razones de salud”.

Carlos Enrique Areiza, quien aseguró que estando preso le había firmado unas hojas en blanco a un enviado de José Obdulio Gaviria, hojas que después terminaron convertidas en declaración contra el senador Iván Cepeda, fue asesinado después de salir de la cárcel gracias a un “principio de oportunidad” concedido por la Fiscalía.

El expresidente Álvaro Uribe comentó su asesinato en estos términos: “Comunidad. Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda”.

La Corte Suprema de Justicia, en la decisión en la que ordena abrir el proceso contra Uribe, había pedido proteger las vidas de los testigos –y delincuentes– Carlos Areiza y Juan Guillermo Monsalve.

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