POR LO GENERAL
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El informe se titula “Análisis segmentado de los videos” y parece más orientado a crear sospechas sobre la denunciante que a aclarar los hechos.

Por Daniel Coronell

Por cuatro años estuvo silenciada la denuncia de una joven teniente contra el más alto oficial de la inteligencia militar en Colombia. El proceso que se ha venido adelantando en cámara lenta y de manera tortuosa, fue archivado temporalmente por una fiscalía local sin que lo supiera la presunta víctima. El archivo fue ordenado pocos días antes de que la Comisión Segunda del Senado estudiara el ascenso a general del denunciado. Los senadores creyeron que el caso estaba archivado definitivamente y por eso aprobaron el ascenso del oficial. Luego, cuando ya tenía el sol en la charretera, lo volvieron a abrir porque jamás hubo una razón legal para archivarlo.

Mario González Lamprea no es un nombre con el que estén familiarizados los colombianos. Sin embargo, como director nacional de Inteligencia del Ejército es uno de los militares más poderosos del país. La Inteligencia conoce vidas privadas, maneja grandes presupuestos y tiende a cubrir todas sus actuaciones bajo el sello de “secreto de seguridad nacional”.

González Lamprea, cuando era coronel, asistió a la graduación de un curso de capacitación de oficiales de Inteligencia. Conseguí una fotografía del día del evento que lo muestra detrás de tres alumnas haciéndole “orejitas de conejo” a una de ellas, justo la que lo denunció por acto sexual violento presuntamente cometido ese mismo día.

Ella se llama Jeimy Muñoz y para esa fecha tenía 25 años. Relató que ese día habló por primera y única vez con González Lamprea quien al final de la ceremonia ofreció –en voz alta– atender a quien tuviera algo para decirle. Ella fue con él hasta su oficina para pedirle que le dieran una asignación más estable, cuando acabó de exponer su caso y estaba despidiéndose, cuenta que él le preguntó por un tatuaje que tenía en su hombro:

“Me preguntó si tenía más tatuajes, acto seguido él se levantó, salió de su escritorio y procedió a cerrar la puerta con seguro. De inmediato yo entré en shock. Él se dirigió donde yo estaba sentada, me tomó fuerte de la mano y de manera abusiva con la otra mano intentó ver a través de mi vestido”.

El relato de la teniente asegura que González Lamprea le bajó la cremallera del vestido y empezó a usar la fuerza: “Me empujó de manera brusca contra una de las paredes de su oficina, besándome a la fuerza e intentando bajarme el resto del vestido, procedió a tocar mis senos y mientras yo lo empujaba para que me dejara salir, me metió la mano dentro del vestido tratando de llegar a mis partes íntimas. Yo logré empujarlo fuerte para dirigirme a la puerta, y procedí a salir de inmediato de esa oficina”.

Jeimy juntó valor para contarles a sus jefes inmediatos y para denunciar ante la justicia al poderoso oficial por acto sexual violento.

Pronto encontró que nadie dentro del Ejército estaba dispuesto a apoyarla. El capitán John Ricardo López, su superior próximo, reconoció: “Ella me pide si es posible tomar una declaración extrajuicio mía y del teniente coronel Solarte sobre lo sucedido, situación a la cual respondo que no por encontrarme en un conflicto de intereses debido a que el señor coronel González Lamprea es superior jerárquico mío”.

El capitán Óscar Leonardo Morales, ayudante del denunciado González Lamprea, fue más allá y declaró que después de los hechos vio a la supuesta víctima y no se portaba como –según él– debe hacerlo una mujer abusada sexualmente: “No, en ningún momento, debido a su estado natural en el que la vi, de hecho como ya lo había mencionado nos saludamos muy normal, inclusive entre sonrisas”.

González Lamprea al enterarse de la denuncia pidió las grabaciones de todas las cámaras de vigilancia de la instalación militar donde sucedieron los hechos. Teóricamente el propósito de la solicitud era mantener seguro el material, pero cuando la Fiscalía pidió los videos no los entregaron solos. Venían con un análisis hecho de manera relámpago por los militares bajo el sello de “secreto” y que según hace “parte integral” de la prueba.

El informe se titula “Análisis segmentado de los videos” y parece más orientado a crear sospechas sobre la denunciante que a aclarar lo sucedido. Por ejemplo sobre un plano bastante lejano de la puerta de salida de la guarnición comenta: “La subteniente sale sonriendo hacia el exterior de la unidad”.

El analista del video oficia de psicólogo al comentar así una imagen: “Sale de la oficina del coronel siendo las 17:10:27 horas sin que se visualice alteración de su estado anímico, vestuario o efectos personales”.

En el mismo análisis segmentado comenta cómo está vestida la mujer, con un curioso énfasis: “Viste un traje de coctel color negro, ajustado al cuerpo, sin mangas”.

Firma el parcializado “análisis segmentado” el mayor Jaime de Jesús Avendaño quien había estado preso en el Meta antes del evento por su presunta participación en la fabricación de falsos positivos.

La teniente después de esto se ennovió con un mayor del Ejército con quien luego se casó. Según ella, mientras eran novios, él recibió presiones de dos oficiales identificados con los apellidos Neira y Sarmiento que le dijeron que si ella retiraba la denuncia “los llevaban por las buenas”.

Como no desistió de la denuncia, los llevaron por las malas. A él lo mandaron a San Vicente del Caguán a trabajar en un área que no era la de su especialidad. Terminó retirándose del Ejército.

También la teniente Muñoz se retiró. En una ocasión, asegura, la fiscal a cargo de la investigación le preguntó que para qué seguía en eso si jamás podría lograr justicia para un hombre con tanto poder.

Fue necesario que el caso se hiciera público para que pasara a una Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia, que es la unidad competente por ser el denunciado un general de la república. El proceso seguía irregularmente en manos de una fiscal local. La investigación disciplinaria fue asumida esta semana por la Procuraduría por facultad preferente. Como era de esperarse, la investigación interna llevaba cuatro años sin arrojar ningún resultado.

El general González Lamprea, con quien hablé por teléfono antes de publicar la denuncia, me dijo que a él ya lo había absuelto la Fiscalía y que se trataba de un montaje que le hizo la joven teniente porque él no accedió a trasladarla.

Aclaración: En la columna anterior cometí un error identificando una visita del condenado senador Eduardo Pulgar a la entonces ministra de Educación, Yaneth Giha, como si hubiera sucedido en noviembre de 2016, cuando fue en noviembre de 2017. Presento mis disculpas a ustedes y a la exministra por mi error.

Dicho esto, debo reiterar que hay entradas al Ministerio de Educación de Pulgar y de su padrino Luis Fernando Acosta los días 16 y 23 de noviembre de 2016 cuando ya era ministra Giha. El 23 entraron los dos con diferencia de minutos hacia las 8:30 de la mañana.

Ese mismo día, en la tarde, el ministerio emitió una comunicación favorable a los intereses de Acosta en la disputa por la Universidad.

El reloj electrónico de la entidad deja ver que la comunicación fue expedida a las 3:55:56 de la tarde.

Por lo demás, el tráfico de influencias de Pulgar en el Ministerio de Educación no es una opinión sino un hecho judicialmente probado y establecido. La sentencia de la Corte Suprema señala: “Aunque en sus declaraciones, Yaneth Giha Tovar –quien es referida en las grabaciones— Luz Karime Abadía Alvarado, quien suscribió la resolución de marras, Emma Consuelo Coronel Fuentes y Magda Josefa Méndez, ambas vinculadas a la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, negaron al unísono alguna injerencia por parte del procesado en el trámite de citado acto administrativo, lo cierto es que la prueba atrás reseñada y los apartes transcritos en los que el incriminado narró la forma como intervino para obtener la ratificación de la reforma de los estatutos, concatenado todo con el contenido del audio entre el juez Rodríguez Cáez y el señor Luis Fernando Acosta Osío ocurrido en la oficina del exsenador David Name Terán, transmiten a la Sala la certeza de la existencia, por este hecho, de la conducta de tráfico de influencias de servidor público y de la responsabilidad de EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA en su comisión con respecto a la influencia ejercida ante el Ministerio de Educación”.

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