LA FICHA
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El fiscal Gabriel Jaimes tendría que apartarse del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Está incurso en dos causales legales de impedimento y ya fue recusado por la víctima.

Por Daniel Coronell

El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán no podía tomar decisión alguna en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, hasta que se resolviera la recusación presentada en su contra por el senador Iván Cepeda. La ley establece que desde el mismo momento en que se presenta una recusación, las actuaciones procesales se deben suspender hasta que se determine si dicha recusación es aceptada o rechazada. Gabriel Jaimes Durán –conocido por su carácter solapado y por sus escasas luces– se hizo el de las gafas, a pesar de que había sido recusado el pasado viernes en la mañana y, en franca violación de la ley, tomó por la tarde decisiones sobre el proceso.

El viernes, los medios de comunicación registraron ampliamente que el fiscal Jaimes había sido recusado por Cepeda. Los motivos de la recusación –que aquí les contaremos– no se hicieron públicos pero estaba claro que el trámite se había iniciado. El Código de Procedimiento Penal establece: “Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación”.

La norma no contempla ningún tipo de excepción. Debe cumplirse al pie de la letra. Sin embargo, el fiscal Jaimes expidió horas después una llamada “Orden del fiscal” en la que “rechaza por improcedencia legal” la petición de libertad de Uribe porque debe resolverla un juez de garantías.

Ahora pasemos a las razones por las que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien fuera hombre de confianza del recordado procurador Alejandro Ordóñez, fue recusado.

El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe, ha contado con la asesoría jurídica del abogado y columnista Ramiro Bejarano, quien hace años está acreditado en el expediente como apoderado suplente de Cepeda.

Pues bien, en el año 2010, cuando Gabriel Ramón Jaimes Durán era la lunga mano de Alejandro Ordóñez, Ramiro Bejarano presentó contra él una queja disciplinaria y una denuncia penal por los presuntos delitos de falsa denuncia y abuso de autoridad. En el documento de denuncia, dirigido al entonces fiscal general Guillermo Mendoza Diago, el abogado Bejarano afirma: “Jaimes Durán es enemigo personal del suscrito, es además mi contraparte, porque lo he denunciado penalmente…”.

Entre las causales de impedimento establecidas en la ley, figuran las siguientes:

“Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.

El fiscal Jaimes ha sido contraparte de Ramiro Bejarano en la denuncia penal y en la queja disciplinaria, hoy archivadas. Como si faltaran elementos, el Código de Procedimiento Penal determina como otra de las causales de impedimento:

“Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”.

El propio Bejarano había definido como “enemigo personal” a Jaimes en su memorial de hace diez años, cuando ni él ni nadie esperaba volvérselo a encontrar como fiscal del caso judicial más importante de la historia.

Fue también Ramiro Bejarano quien reveló en su columna que Gabriel Ramón Jaimes, vulnerando la autonomía de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, les envió este año un mensaje de WhatsApp ordenando que le remitieran “todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informaciones sobre las actuaciones medulares de sus despachos (…) para informar y valorar cada situación con el señor Fiscal General de la Nación”. Aunque el fiscal Barbosa es el superior jerárquico y administrativo del ente acusador, las decisiones de cada fiscal deben ser completamente autónomas por mandato de la ley.

El fiscal Jaimes ha hecho buena parte de su carrera a la sombra de Alejandro Ordóñez quien lo nombró en importantes cargos en la Procuraduría. Ya habían trabajado juntos en el Consejo de Estado donde Jaimes fue su magistrado auxiliar. En la hoja de vida oficial de la Fiscalía, escrita en primera persona por el fiscal Jaimes, consigna en el capítulo de experiencia laboral que trabajó en el Concejo de Estado (escrito así, con c). Dice la Real Academia de la Lengua que el único concejo con c, es el cabildo o ayuntamiento muncipal.

Mientras estaba en ese importante cargo, Jaimes se presentó a un concurso de méritos para entrar a la lista de funcionarios elegibles para cargos judiciales. El primer paso era la presentación de una prueba de conocimientos.

Los puntajes obtenidos por el fiscal Jaimes para aspirar a estos cargos fueron los siguientes:

Magistrado de la Sala Penal 564,29
Juez Penal del Circuito 604,73
Magistrado Sala Disciplinaria 630,59
Juez Penal del Circuito Especializado 595,77

El doctor Jaimes no pudo pasar a la segunda fase del concurso de méritos porque no logró alcanzar los 800 puntos mínimos de la prueba de conocimiento.

Ahora él es el encargado de procesar al hombre más poderoso de Colombia.

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