PROYECTO DE MUERTE
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Por Eugenia Guzmán Cervantes*

La historia de Martha Sepúlveda, conocida por la mayoría de los colombianos, plantea diversos dilemas filosóficos, éticos, morales, médicos y psicológicos sobre la libertad y autonomía de la persona para escoger su proyecto de vida así como su proyecto de muerte.  

Martha padece una enfermedad degenerativa incurable (ELA: esclerosis lateral amiotrófica) y expresó su deseo de morir antes de llegar a una etapa de inmovilidad y degradación inhumanas. Inicialmente recibió la autorización legal, pero presiones posteriores, posiblemente de tipo religioso, condujeron a que la clínica Incodol, Entidad Promotora de Salud bajo cuya jurisdicción recae el procedimiento, retirara el permiso. 

Así, la muerte exigida por la paciente, que debió de producirse el 10 de octubre, se ha aplazado sin fecha cierta. Esto constituye una irresponsabilidad y un irrespeto a ley y a la ciudadana.

Hasta comienzos del siglo XX, era muy poco frecuente que la gente se planteara con antelación cómo desearía morir porque no había elección: ni tratamientos válidos para las posibles causas de fallecimiento, accidentales o naturales. Tampoco existía la tecnología médica que pudiera alargar la vida más allá de la voluntad del paciente. Además, hasta la Segunda Guerra Mundial las creencias religiosas, y en particular la Iglesia Católica (pero no solo esta), tenían mucho más poder sobre la ideología y la mentalidad de las personas y sus opciones ya que, según sus creencias, la vida pertenece a Dios, y los mortales no podemos disponer de ella como queramos. 

Pero las cosas han cambiado: los extraordinarios avances médicos del siglo XX y XXI han modificado la cosmovisión y la perspectiva de nuestro objetivo en la vida.  En menos de cien años, la expectativa de vida ha aumentado en promedio en casi cincuenta. Los antibióticos, los tratamientos específicos para el cáncer, la genética y la ingeniería genética, las técnicas quirúrgicas y tantos otros progresos han ocasionado que hoy la pirámide poblacional se haya invertido y que los viejos sean mucho más numerosos que los jóvenes. Vivir hasta los noventa o cien años no es extraño en esta época. Muchos dirán que atravesamos tiempos fantásticos. No estoy tan segura de que sea así. La pregunta clave es: sí, vivió hasta los 95 años, pero ¿a qué precio de su propia humanidad y dignidad y a qué costo para sus familiares? La respuesta está en manos de la medicina del siglo XXI, excelente en muchos casos pero tenebrosa en otros; capaz de sortear enfermedades que antes eran mortales, pero inerme ante otras condiciones, particularmente al final de la vida.

Ahora el ciudadano está en capacidad de decidir qué le gustaría para los últimos años de su vida. ¿Confiar en la voluntad del Señor o de la medicina? No es muy prudente si uno desea una muerte armoniosa con sus creencias y deseos. ¿Vivir o sobrevivir lo máximo posible sin importar las condiciones en que se halle ni los tratamientos que le hagan y sus consecuencias?  Por ejemplo, ¿amputado y ciego por una diabetes? ¿En diálisis durante meses, si no años?

O, por el contrario, ¿firmar ante testigos un documento de voluntad anticipada en el cual declara que no desea medidas médicas extraordinarias que le prolonguen la vida, tanto más si es a costa de la invalidez física o mental hasta llegar al final habiendo perdido gran parte de su humanidad y su dignidad?  En el caso de la persona creyente la respuesta es sencilla: deja todo en manos de Dios. Pero otros desean un final distinto, digno y respetuoso de sus deseos como paciente. En este caso lo lógico es solicitar una eutanasia.

Pero ya vemos lo que sucede en Colombia, donde existe una ley de eutanasia cuidadosamente elaborada y reformada y apoyada por la Corte Constitucional, que se basa en los principios de respeto por la autonomía y dignidad del ser humano y de solidaridad con el que está sufriendo. Esta ley hace honor a nuestra Corte, pero al final queda al arbitrio de las EPS. La entidad recibe la petición de eutanasia del paciente y la remite a una IPS para que convoque un comité de eutanasia integrado por abogados, médicos y psiquiatras que en demasiados casos no ejercen un profesionalismo robusto. Quiero decir, un profesionalismo en el que se llegue a las decisiones, como lo señalo en mi libro Soltando amarras, “sin que las medidas que el profesional tome, particularmente cuando atañen a terceros, se apliquen sin que las creencias religiosas, políticas, de género u otras afecten su decisión”.

Martha Sepúlveda es un trágico ejemplo de la ausencia de esas condiciones. El procedimiento práctico que han aplicado a su petición legal denota un profundo irrespeto por parte de diversos estamentos públicos y privados hacia decisiones tomadas racionalmente y que son personales e íntimas respecto del proyecto de muerte de cada cual, derecho tan inalienable como el propio proyecto de vida. Estamos, pues, ante un autoritarismo ejercido incluso contra ley, que quiere imponer su ideología por encima de la soberana voluntad de la persona que ha expresado su proyecto de vida y de muerte. Faltaría más que nos arrebataran este derecho que toca lo más profundo de nuestra humanidad.

Lo que corresponde entonces es ser recursivo y apelar a los propios medios: el suicidio racional, ejercido autónomamente, aunque los estamentos conservadores, religiosos y médicos tachen de orate a quien lo proponga.

* Pionera de la neuropsicología en Colombia, ha sido profesora de la Universidad Nacional y asesora de diversas entidades. Es autora de varios libros, entre ellos Soltando amarras (2016), donde defiende la eutanasia y el suicidio.

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