PRESIDENTE, EL PERIODISMO NO ES EL ENEMIGO
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Por Jonathan Bock – Director de la FLIP

El Estado colombiano nuevamente ha apuntado sus armas, recursos y capacidad de intimidación contra los periodistas. Mientras eso sucede, el presidente traza una estrategia de propaganda sin precedentes en el país.

Desde el 2018 siete periodistas han sido asesinados en Colombia. Otros 625 fueron amenazados. Hoy somos el segundo país más letal para los periodistas, justo después de México.

Durante el 2020, y a pesar del confinamiento general, 193 periodistas han recibido amenazas, uno cada dos días; un 10 % más que en el 2019. Dos periodistas fueron asesinados: Abelardo Liz y Felipe Guevara.

Pero ni estos datos, ni los testimonios que dan cuenta de la fragilidad del periodismo, ni las balas que se escucharon en el barrio Mariano Ramos en Cali cuando mataron a Guevara o las ráfagas que sacudieron a Corinto y asesinaron a Liz resuenan en el entorno del presidente Duque.

La falta de esfuerzos claros y contundentes por parte de este Gobierno ahondan la preocupación que tienen decenas de reporteros en ciudades y pueblos, y quienes repiten con gran resignación: regresamos a los peores años, cuando nos amenazaban y cuando nos mataban; esa violencia que ya nos tocó vivir.

El 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. Los ataques contra la prensa ocurren con la misma sistematicidad y permisividad como sucedió a finales de los 90, cuando Colombia era el lugar más peligroso del mundo para los periodistas. En ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o en capitales como Arauca no existe la posibilidad de ejercer el periodismo de manera libre. A esos dos ejemplos pueden sumarse decenas de municipios donde antes de publicar es necesario calcular cada palabra, siempre bajo la permanente sensación de que en algún momento serán amenazados.

A esta radiografía de violencia hay que sumarle la desinteligencia institucional, incapaz de prevenir e investigar los ataques. La Unidad Nacional de Protección (UNP) pierde legitimidad toda vez que toma decisiones por motivaciones políticas y ha excluido las voces de la sociedad civil en la toma de decisiones.

Esta atmósfera de miedo que se ha instalado en los últimos años camina de la mano de los abusos que comete el Estado, que, nuevamente, ha apuntado sus armas en contra de la prensa. La alarmante operación de espionaje ilegal contra decenas de periodistas por parte del Ejército, así como el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la pasmosa impunidad con la que esto sucede envían el mensaje de que para las instituciones y para el Gobierno la prensa es el enemigo.

Ante estos hechos, el presidente Duque ha resultado un espectador inconmovible. Como contraparte sí se ha empecinado en utilizar recursos públicos para instalar una burbuja informativa y forjar una engañosa interlocución directa con la ciudadanía. De tal manera que su programa institucional Prevención y acción, que se emite diariamente durante una hora, se ha convertido en una trinchera perfecta que le permite esquivar las preguntas de la prensa.

Este poderoso aparato de comunicaciones ha costado más de 26 mil millones de pesos. Esto ha incluido emplear a una agencia para vigilar y tener información sobre lo que la gente expresa en redes sociales. Quería conocer quiénes declaran públicamente, y con énfasis, su lealtad al sistema, y quiénes no. Quiénes son positivos y quiénes negativos. Todo esto ha cimentado una agresiva estrategia que aumenta el riesgo de prácticas de propaganda sin precedentes en el país.

Este martes 9 de febrero se celebra el Día del Periodista; ojalá el gobierno de Iván Duque que ha decidido ser negacionista frente a las amenazas contra la prensa gire su mirada sobre los trapos rojos que la empresa periodística sacude con fuerza, como consecuencia de la pandemia, y entienda que el control democrático por parte de la sociedad, a través del periodismo, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.

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