EL RÉGIMEN DE LA VERDAD
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Por Jonathan Bock

Con la prisa de un huracán, en Colombia se empieza a instalar el nuevo régimen de La Verdad. Durante los últimos 45 días hemos asistido impávidos a una inflación de contenido relacionado con las manifestaciones sociales: opiniones, mentiras, hechos sin contrastar y que se publican sin que sea necesaria su verificación y videos que se presentan como reveladores. Todo en un parpadeo. Una abundancia de lo abundante que lejos de iluminar, por momentos enceguece a una audiencia que grita desesperada: ¡No sé qué creer!

En el pasado han quedado los referentes comunes y, solo el público más juicioso, que se da la tarea de profundizar puede asomar su mano con alguna certeza de que tiene mayor exactitud en la información. Este fenómeno, anunciado desde hace años por sucesos similares en otros países, ha desestabilizado a la sociedad colombiana que parece estar atrapada en un relativismo que escapa al entendimiento.

Y, bajo la lupa de todos, las redes sociales, tanto por su responsabilidad en la canalización de las noticias falsas, así como por haber contribuido de manera esencial a la creación de una base social que les permite a las personas informar y estar informadas. En medio de esta confusión generalizada avanza el miedo, quizás como el único sentimiento que nos une en este momento. Ese miedo al igual que el afán por controlar el relato, está impulsando acciones desproporcionadas que buscan controlar el fenómeno de las “Noticias Falsas”.

Hace pocas semanas, el Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, lanzó una campaña llamada “la verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”, que analiza contenidos con el fin de “identificar situaciones que “puedan afectar la seguridad en la web a través de la difusión de noticias falsas o emisión de mensajes equivocados para llamar a la violencia y el desorden”. Esta estrategia está a cargo de la Mesa de Trabajo del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad Nacional (PMU-Ciber), que reúne a varias agencias estatales.

Para el Ministro de Defensa, Diego Molano, estos hechos delictivos son “ciberterrorismo”; es decir, identifican una intención de generar zozobra o terror en la población civil a través de redes sociales. Esta visión permitiría entonces, la imputación del tipo penal de terrorismo a juicio de la autoridad militar o policial que considere que el contenido falso tenía como fin generar terror, mediante la alteración engañosa de la realidad.

Asignar un estatuto de autoridad a establecer qué es verdad y qué es mentira, termina estableciendo una única fuente como referente de lo cierto y lo falso, caminando en contravía de entender la verdad como una construcción humana, que por supuesto necesita de una aprehensión plural. Además, al hacer zoom a la campaña encabezada por Molano, queda en evidencia que existe un propósito utilitarista que responde principalmente a objetivos de optimización, así como a intereses privados. En palabras del Ministerio, “la campaña busca identificar la falsedad de las noticias que pudieran atentar contra el accionar de la fuerza pública o contra la ciudadanía”. En últimas, una estrategia de propaganda.

Estas tropas de funcionarios, sentados en sus escritorios y revisando pantallas en busca de mentiras para después entregarles listados a sus jefes con las pesquisas del día, trabajan sin un marco normativo claro que faculte y sustente su actuación. Tampoco existe certeza sobre las etapas y desarrollo del procedimiento, la limitación de sus facultades, los criterios de determinación de información falsa y las sanciones pecuniarias o punitivas que podría generarse para quien se identifica como “infractor”.

Tampoco es claro el marco jurídico que tipifica esa conducta. ¿Cuál es la dependencia encargada de emitir un juicio neutral y justo sobre el contenido de la información publicada? ¿Cuáles son los criterios para juzgar si el contenido de las publicaciones incurre en una infracción y los momentos procesales para ejercer el derecho a la defensa? ¿Qué delitos podrían configurarse? ¿Podría configurarse los delitos de injuria y calumnia, que hayan denunciado irregularidades en la actuación de funcionarios públicos?

A las preocupaciones que se desprenden de estos interrogantes, hay que advertir que utilizar el ciberpatrullaje como mecanismo para evitar la difusión de noticias falsas afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Tiene un impacto desproporcionado en los derechos humanos, en específico, en los derechos a la privacidad, a la libertad de recibir y difundir información, a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Las Naciones Unidas han advertido que las facultades para adoptar acciones de hipervigilancia deben ser estrictamente necesarias para lograr un objetivo legítimo y cumplir con el requisito de proporcionalidad para alcanzar una protección eficaz de los derechos en tensión. Así, las leyes que autoricen este tipo de vigilancia deben ser precisas, accesibles y no hacer alusión a referencias vagas y basarse en ‘sospechas razonables’.

Además, establecer esto en marcos de protesta social, termina eliminando el disenso, la crítica o el activismo y en particular, agrava la situación de los periodistas al confundir a la audiencia, difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente.

El Ministro Molano marca un paso autoritario al querer estar lo más cerca posible de los cuerpos y de las mentes de los colombianos y de controlar el relato, tener un poder fulminante para que su historia sea la que todos recordemos. Parecería que su mayor miedo sea que los ciudadanos nos escuchemos, que los pensamientos sean expresados, así sean falsos.

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