PAÍS DE MENTIRAS
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Por Antonio Caballero

La JEP, la justicia especial para la paz, que hace unos días sacó una denuncia terrible de crímenes de guerra contra la guerrilla de las Farc por sus secuestros, saca ahora otra igualmente terrible contra las fuerzas del Estado que combatían a esa guerrilla. O, más bien, y más grotescamente, y más horrendamente, que fingían combatirla. Pues la denuncia consiste en revelar que los asesinatos fuera de combate cometidos por el Ejército, es decir, la farsa macabra de disfrazar de guerrilleros después de muertos a muchachos que no tenían nada que ver, los llamados “falsos positivos” mostrados para hacer creer que se estaba ganando la guerra, o las varias guerras regionales, también llamadas “conflicto interno”, no fueron solo 2.248, como según informaba la Fiscalía, sino casi el triple: 6.402. Casi todos ellos cometidos entre los años 2002 y 2008, es decir, bajo esa otra farsa macabra que el entonces presidente Álvaro Uribe llamó su “seguridad democrática”. Lo que han resumido en una frase reciente los políticos uribistas (los que todavía no están en la cárcel): “Plomo es lo que hay”.

Pero plomo es lo que gusta en este país de asesinos. Gusta el plomo por sí mismo, y no por sus resultados. Pues no es que con esos asesinatos de miles de inocentes escogidos al azar se estuviera ganando la guerra (cuya existencia por otra parte se negaba) contra las guerrillas: solo se estaba fingiendo que el Ejército nacional la estaba ganando contra el terrorismo. Era útil para eso que llaman “la imagen”. País de farsantes. “Una guerra de mentiras” la llaman las “madres de Soacha”, las primeras denunciantes del horror del municipio bogotano cuyos hijos fueron llevados por el Ejército a los fingidos y ficticios teatros de batalla para matarlos allá. Y a sus asesinos, de acuerdo con una directiva del año 2005 dictada por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, se les daban recompensas por sus piezas de caza: por sus muertos. Seis mil cuatrocientos dos. 6.402. Días de permiso, premios en dinero. Al propio ministro Ospina le dieron el jugoso premio de la embajada ante la OEA en Washington. Los generales implicados en el horror de los “falsos positivos” también fueron nombrados por Uribe embajadores en alguna parte.

Pero el entonces director de la farsa sangrienta, el presidente Álvaro Uribe, se defiende hoy diciendo, en su más farisaico tono de monaguillo, que en lo referido a los hijos de las “madres de Soacha” él entonces “afirmó que nada justifica el asesinato”. A pesar de que en el momento de la denuncia hubiera afirmado también en un despectivo y culpabilizante comentario sobre de los asesinados: “No estarían cogiendo café”. Así dijo, excusando el crimen, sardónico, con su sobradez de entonces.  En eso consistía la “seguridad democrática” que tantos aplaudían: en una cortina de humo, o de sangre, para ocultar la incompetencia de sus generales.

Y hoy acusa a la JEP, enfurecido, de tener “un solo propósito: desacreditar a mi persona”. Mientras él recurre a su habitual muletilla: la Patria. En este caso, a las calumnias contra, dice, “los soldados de la Patria”, que, por serlo, nunca hubieran podido cometer esos horrores de que la JEP los acusa para desprestigiarlos a él y a sus gobiernos.

Muchas veces he tenido que citar con respecto a este mismo señor Uribe la frase famosa del doctor Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio de los canallas”.

País de asesinos, digo. Y de ladrones, digo también de paso: desde los que roban con cuchillo bicicletas o celulares en las calles de Bogotá hasta los gobernadores o los parlamentarios que a punta de contratos amañados se quedan con los dineros públicos en teoría destinados a los almuerzos de los niños en los colegios públicos. País de farsantes, de ladrones y de asesinos.

Y de jueces, y de abogados. Porque gracias a ellos tampoco es que muchos de esos ladrones o asesinos, o las dos cosas, vayan a la cárcel. Las cárceles de Colombia están repletas de presos, y la verdad es que entre ellos hay unos cuantos de los llamados “de cuello blanco”, por lo general políticos profesionales. Pero lo estamos viendo de modo espectacular (palabra de moda) en el proceso que se le sigue a paso de tortuga al mismo expresidente y ahora también exsenador Uribe: en la justicia colombiana todo proceso judicial acaba en lo que llaman “vencimiento de términos”, al cabo de las dilaciones infinitas logradas por los tinterillos defensores. Y hasta por los propios tinterillos acusadores. Así, el fiscal encargado del “caso Uribe” por soborno de testigos, un fiscal designado por el mejor amigo del hoy presidente Iván Duque, fiscal general designado a su vez para la Fiscalía por quien el mismo Duque ha llamado su “presidente eterno”, o sea, Uribe, que lo designó a él para la presidencia, se acaba de inventar que es necesario repetir todas las investigaciones ya hechas en varios años por los magistrados de la Corte Suprema: para que pase el tiempo. ¿Hasta cuándo?

Hasta que el joven Tomás Uribe, el presidente hereditario hijo primogénito del presidente eterno, ocupe la presidencia.

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