LO DE ESCAZÚ
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Por Antonio Caballero

Este gobierno de Colombia se resiste a firmar el acuerdo ecológico de Escazú entre los países de la región precisamente por lo que tiene de bueno: el compromiso para la protección de la vida de los líderes ambientales de las regiones, esos que aquí están siendo asesinados impunemente todos los días. Porque los considera peligrosos subversivos, miembros de las disidencias de las desmovilizadas Farc, o del ELN, o de las “bacrim”, o de los “Gao”: “buenos muertos”, como diría su jefe, el expresidente Álvaro Uribe.

Y lo hace porque, dijo la canciller Claudia Blum cuando lo era, ya hay aquí suficientes organismos gubernamentales que los defienden. Será por estar tan bien defendidos que solo matan a un defensor ambiental al día.

¿Quién los mata? Ya digo que el responsable habitual, según este gobierno, según esta Fiscalía de bolsillo del gobierno, es en fin de cuentas el narcotráfico, que alimenta todas las formas de violencia en Colombia. Lo cual es cierto. Pero lo es, como lo llevo diciendo desde hace cincuenta años, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon desató su “guerra frontal contra la droga” y obligó al mundo entero —es decir: al mundo oficial: a los gobiernos, no a las mafias, a las que, por el contrario, les entregó el mejor negocio del mundo entero, y el poder consiguiente— a seguirla. Ahora cuentan los periódicos que el arrodillado presidente colombiano Iván Duque se reúne —de rodillas, me imagino— con el embajador de los Estados Unidos para recibir instrucciones sobre cómo continuarla: extradiciones de mafiosos para condenas de cárcel casi simbólicas de las que salen a los pocos años a cambio de la entrega (de la devolución) de una parte de sus fortunas obtenidas gracias a la prohibición de la droga al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; fumigación aérea con venenoso glifosato de los cultivos de los miserables campesinos cocaleros; cosas así: lo que manden.

Muchos dijimos entonces y seguimos diciendo que el problema central no es la droga, sino su prohibición. De la que se derivan todos sus daños, que podríamos llamar colaterales, como llaman a los muertos de los bombardeos de guerra. Se derivan las guerras civiles, el mantenimiento financiero de las guerrillas en medio mundo, el fortalecimiento de las mafias criminales en todo el mundo, aquí y en México, en Europa y en Asia; cuyos crímenes no consisten solamente en violar las leyes de la prohibición, sino en asesinar gente, en sobornar y corromper a los representantes de los aparatos de justicia, y a los políticos. Lo dijimos muchos, y otros más se están convenciendo de que es así, en especial entre los gobernantes que —curiosamente— han salido del poder: pero nunca se dieron cuenta cuando estaban en él. Pero entre tanto en estos cincuenta años han crecido tanto la industria y la burocracia de la prohibición, de la DEA norteamericana para abajo, y hoy son tan poderosas, que no es fácil.

Vuelvo a lo del pacto de Escazú.

Ese pacto fue, en su título oficial, un “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Democracia ambiental, se llamaba eso. Lo firmaron todos los países de la región, incluida Colombia, en marzo del año 2018, en la ciudad de Escazú, en Costa Rica. Pero esta Colombia nuestra se dio cuenta de que eso la comprometía a luchar contra el cambio climático, disminuyendo las a corto plazo muy rentables aunque dañinas emisiones de los gases del “efecto invernadero”, y a renunciar a los megaproyectos de inversión, y de paso de destrucción de ríos enteros tanto por los mineros ilegales del oro o del coltán o del carbón como por las grandes empresas multinacionales legales, aunque incontroladas. Y por las petroleras, que exigían el uso del dañino fracking, al cual se había opuesto el mentiroso presidente Iván Duque en sus promesas preelectorales. Y lo obtuvieron.

El acuerdo estaba firmado. Aprobado y ratificado por casi todos los países del hemisferio: México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Guyana, las islitas de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía. Entre paréntesis, yo no recordaba que hubiera tantos minipaíses insulares independientes (es un modo de decir: son simplemente playas de multimillonarios) en este continente. Y hasta por la Nicaragua de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Solo faltaban la Venezuela de Nicolás Maduro y la Colombia de Iván Duque.

Y adivinen qué. El honorable Congreso colombiano, presidido por el señor Arturo Char y amparado por las leguleyadas (porque de Colombia se trata) de los parlamentarios del llamado Centro Democrático de Duque y de su jefe el exsenador y expresidente Álvaro Uribe, hundió la ratificación del acuerdo de Escazú.

Los parlamentarios se excusaron alegando las presiones de los gremios económicos. La Andi de los industriales, y la Fedegán de los ganaderos, y la Sac de los agricultores. Presiones que son ¿qué? ¿Sobornos? Y el gobierno se excusa en lo mismo. No es él: son los gremios.

Lo cual, si es cierto, es peor aún, pues significa que el gobierno no existe.

Y que no solo el gobierno, sino también los gremios, de ricos empresarios, de ricos agricultores y de ricos ganaderos, quieren que sigan matando gente.

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