LA PAZ O LA VENGANZA
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Por Antonio Caballero

Son veintiún mil trescientos noventa y seis secuestros. 21.396. Una cifra asombrosa sobre una actividad horrenda, de la que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, imputa cargos —es decir, en traducción para los pocos que no somos leguleyos en este país, acusa a los jefes de la disuelta guerrilla de las Farc—. Nada menos que 21.396 secuestros indiscriminados: de hombres y de mujeres, de ancianos y de niños, de ricos y de pobres, de políticos y de policías, de gente que pasaba por ahí en las bautizadas jactanciosamente “pescas milagrosas” de los retenes en las carreteras. Esos secuestros crueles, que la guerrilla llamaba eufemísticamente (porque en Colombia el eufemismo florece silvestre) simples “retenciones”, fueron muchas veces subcontratados con las bandas de la delincuencia común. El más largo duró catorce años. Muchos de los secuestrados desaparecieron. Otros muchos fueron asesinados en su cautiverio. Y en numerosos casos la guerrilla cobró rescate por la devolución del cadáver. Más el maltrato a los cautivos: torturas, violencia sexual, pequeñas crueldades gratuitas. “Buen trato”, lo han llamado en algunas declaraciones los comandantes guerrilleros, entendiendo por eso el mismo que se les da a los animales domésticos para impedir que se mueran: darles de comer.

La relatora cabeza del proceso de la JEP, Julieta Lemaitre, resume la acusación: “No son errores de la guerra, sino crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Cometidos además en su mayor parte, dice el informe acusatorio, entre los años 1998 y 2001; es decir, los de las conversaciones de paz y la desmilitarizada “zona de distensión” del presidente Andrés Pastrana. No sé en términos jurídicos, pero en lenguaje corriente eso se llama perfidia.

Con un solo objetivo: el financiero. Las Farc hicieron ese horror por el único motivo de cobrar dinero: era un impuesto, decían, a “los enemigos de clase”, o “enemigos del pueblo”. A diferencia de lo que se suele alegar sobre el narcotráfico, que es un mero delito de contrabando que viola las leyes del gobierno de los Estados Unidos, es el horrendo crimen del secuestro el que pervirtió a las Farc. Se las tragó el dinero.

Esta tremenda acusación de la JEP contra los principales comandantes de las disueltas Farc, lograda a pesar del saboteo del Centro Democrático uribista, que ha tratado de desmantelarla y del presidente Iván Duque con su larga batalla por las objeciones contra ella, argumentadas en que se trata de un organismo de juguete entregado a la guerrilla por el que llaman castrochavismo, es sin duda lo más importante que ha sucedido en muchos años en la historia de Colombia. Por primera vez en muchos años muestra que aquí se puede hacer justicia.

Justicia, como se la ha llamado, transicional: la suficiente como para que pueda permitir el tránsito hacia la paz. Penas leves: no decenios de prisión intramural sino ocho años de penas sustitutivas: trabajos de restitución o de restauración. Justicia blanda.

Opina la senadora uribista Paloma Valencia que la imputación de cargos de la JEP a los jefes guerrilleros no es suficiente. Se necesita que esos jefes, miembros del Secretariado de la antigua guerrilla armada, y con ellos los trece mil guerrilleros desmovilizados, más las decenas de miles que han formado parte de la guerrillerada en el último medio siglo, y que pueden estar muertos o presos o de vuelta a sus casas, paguen su culpa. No con las livianas penas previstas por la JEP, copia de las que impuso la ley de Justicia y Paz del uribismo a sus colaboradores de las AUC, los conocidos popularmente como paramilitares. Sino “pudriéndose en la cárcel”. Pero semejante exigencia implica no entender que un acuerdo de paz como el que firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc no es una rendición incondicional, ni de un lado ni del otro. El propósito de la Justicia Especial para la Paz es la paz, justamente: no la venganza.

El secuestro es, repito, un crimen horrendo. Y recordamos las fotos del Mono Jojoy, jefe militar de las Farc, pavoneándose ante sus secuestrados encerrados en un corral de alambre de púas como gallinas en un gallinero. Y, por añadidura, obligados a oír las arengas de su carcelero.

El Mono Jojoy fue abatido en un bombardeo del ejército. Y su cadáver destrozado fue exhibido colgado de un helicóptero para escarmiento de los insurrectos. Otra horrenda cosa. La guerra es sucia, como se sabe desde siempre, y más aún la guerra civil. Pero tal vez su suciedad no había alcanzado cotas tan atroces como las que ha mostrado Colombia en este “conflicto interno”, que muchos niegan, en los últimos cincuenta años. La JEP hace lo que puede.

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